LD (V. Gago) El debate sobre EpC en la Asamblea de Castilla-La Mancha fue el pasado jueves 17 de abril, por iniciativa del Grupo Popular. Su portavoz en asuntos de Educación, Cesárea Arnedo, denunció el contenido adoctrinador de la asignatura y defendió el derecho de los padres a la objeción de conciencia.
Para el consejero regional José Valverde Serrano, en cambio, Educación para la Ciudadanía se limita a seguir las recomendaciones del Consejo de Europa sobre la conveniencia de un programa de formación en civismo en la Escuela. Recuerda que el Gobierno de José María Aznar hizo suyas las conclusiones del informe Eurydice del Consejo de Europa y sostiene que los contenidos de EpC se ajustan a este documento y no adoctrinan.
Una vez expuesta esta defensa de la asignatura, extraída del argumentario que los portavoces del PSOE y del Gobierno vienen repitiendo desde que se descubrieron las primeras evidencias de la intencionalidad adoctrinadora de los decretos de contenidos y su plasmación en los libros de texto, el consejero de Castilla-La Mancha pasó a una fase de amenazas contra los padres objetores.
Avisó con que los alumnos de familias objetoras no podrán egresar y, hábil, invocó el ejemplo de la Comunidad Valenciana, gobernada por el PP, donde tampoco se admitirá la objeción de conciencia a EpC –según un borrador de organización escolar de la asignatura examinado por LD en su edición del pasado 16 de abril–.
También se desinhibió al perfilar la moral correcta y dictar la autoridad del Estado para imponerla. Para el consejero Valverde, no son las familias las que tienen el deber y el derecho de transmitir una moral conforme a la Ley Natural, sino que es el Estado el que fija unos "principios morales públicos" que sirven de guía de rectitud a las familias.
"Hay que preguntarse", vino a decir el consejero de Educación de Castilla-La Mancha, "si la formación moral que dan los padres está en consonancia con los principios morales públicos".
Es el mismo argumento que vienen defendiendo los portavoces más transparentes de la auténtica intención adoctrinadora de la asignatura, entre otros, Gregorio Peces-Barba y Victorino Mayoral, padres intelectuales de EpC, y José Antonio Marina, su instructor y propagandista más exitoso.
Para Concapa, la asociación de referencia de los padres de alumnos católicos españoles, la intervención del consejero en la Asamblea castellano-manchega ha sido inaceptable por sus amenazas a los objetores y su concepto de una "moral de Estado" obligatoria.
"La Junta atropella la libertad ciudadana", denuncia Concapa en un comunicado emitido el pasado jueves, una vez celebrado el debate parlamentario.
"Ningún ciudadano en un Estado libre y democrático puede ser evaluado por su ideología, religión y creencias como pretende esta asignatura; los decretos dicen que se evaluará a los alumnos no sólo por sus conocimientos, sino en función de si su opinión se ajusta a los criterios diseñados por los ideólogos de la asignatura", comenta la misma conferederación de asociaciones de padres.