L D (Agencias) El desmantelamiento de una supuesta trama de corrupción de empleados públicos del Área de Gobierno de Medio Ambiente y de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid destapó a finales de 2007 que numerosos locales nocturnos de la capital operan desde hace años sin licencia de funcionamiento.
Kapital, en la calle Atocha, o la sala New Garamond, en la zona de Cuzco, son algunos de los locales que están siendo investigados por el juez Santiago Torres por las supuestas irregularidades en su licencia de funcionamiento. Se da la circunstancia de que el oficial jefe era un habitual de estos locales de la capital, donde tenía "reservados privados" todos los fines de semana.
La seguridad de las discotecas en Madrid está controlada desde hace tiempo por bandas organizadas de búlgaros en las que trabajan también ciudadanos de nacionalidad rumana, que en su mayoría provienen de Coslada. Según las fuentes consultadas, Ginés colaboraba estrechamente con las discotecas para abastecerlas de porteros, cuyas actividades eran vistas "con buenos ojos" por determinados agentes municipales de la capital.
Las mismas fuentes aseguran que "Ginés se movía como pez en el agua en la noche madrileña", donde se le veía con "un grupo de chavales", que no pertenecían al denominado "El Bloque", que hacían las veces de sus guardaespaldas. En el 'caso Guateque', las pesquisas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial están centradas ahora en la larga lista de bares de copas y comercios que funcionan sin licencia y en sus propietarios, quienes accedían a las supuestas 'mordidas' exigidas por Victoriano Ceballos Fernández, el ex jefe de división de análisis ambiental de la concejalía de Medio Ambiente.
Según las investigaciones, los implicados en la "Operación Bloque" están estrechamente vinculados a una mafia de origen rumano de prostitución, cuyo seguimiento dio lugar a que se destapase el pasado 8 de mayo la existencia de una red mafiosa de agentes de la Policía Local de Coslada. De hecho, el número dos de la banda criminal, Carlos M.G., protegía a tres ciudadanos rumanos que integraban el grupo organizado que se dedicaba a explotar a las prostitutas del polígono de Vicálvaro. Los supuestos proxenetas eran Catalin y los hermanos Iont y Francis Giurca, quienes cumplen prisión preventiva por orden del juez Eduardo Cruz Torres. El primero se encargaba de "cobrar por esquina" en el polígono, mientras que los segundos se dedicaban a que las meretrices pagaran las cuantían exigidas por Carlos, que oscilaban entre 150 y 200 euros.